El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció este lunes el inicio de una investigación formal contra el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por la supuesta tortura y tratos crueles cometidos contra 252 migrantes venezolanos. Estas personas fueron liberadas recientemente de una prisión de máxima seguridad en territorio salvadoreño, tras haber sido deportadas desde Estados Unidos bajo sospechas de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua.

El fiscal venezolano argumentó que esta acción se ampara en tratados internacionales como la Convención contra la Tortura, la Convención sobre Desapariciones Forzadas y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Saab también hizo un llamado a organismos internacionales como la ONU y la Corte Penal Internacional para que tomen acciones similares y no permitan que se normalicen las violaciones de derechos humanos.

Durante su declaración, Saab mostró testimonios en video de varios jóvenes que estuvieron detenidos desde marzo en la cárcel salvadoreña. Según sus relatos, fueron víctimas de diversas formas de violencia: impactos de perdigones, golpes, cortes, amenazas, abusos sexuales y condiciones precarias de alimentación. Estas denuncias fueron respaldadas por autoridades venezolanas, como el ministro Diosdado Cabello, quien acusó al gobierno salvadoreño de disparar perdigones a los migrantes antes de su repatriación.

El presidente Nicolás Maduro también se pronunció sobre el caso, revelando que uno de los migrantes perdió un riñón debido a las golpizas recibidas mientras estaba detenido. Estas declaraciones han elevado el tono de la acusación diplomática entre ambos países y han puesto en el foco internacional el tratamiento que reciben los migrantes venezolanos en centros de detención extranjeros.

Este caso ha generado reacciones divididas a nivel internacional. Mientras Venezuela exige justicia por lo que califica como crímenes de lesa humanidad, el gobierno de El Salvador no ha emitido hasta ahora una respuesta oficial a las acusaciones. El escándalo revive el debate sobre el respeto a los derechos humanos en contextos migratorios y sobre el uso de sistemas penitenciarios con estándares altamente cuestionados.