Las escenas violentas de secuestros y extorsiones, que hasta hace pocos años parecían exclusivas de películas o narcoseries, hoy forman parte de la cruda realidad en varias provincias del país.

Las primeras alarmas saltaron en 2018, cuando la Policía Nacional registró 1.129 denuncias por secuestro a nivel nacional. Se trataba, en su mayoría, de secuestros extorsivos, conocidos como "secuestros exprés", aunque también se reportaron casos prolongados vinculados a redes del crimen organizado.

Para 2024, el panorama empeoró dramáticamente: las denuncias se triplicaron, alcanzando 3.566 casos, según datos oficiales de la Dirección Nacional de Investigación de la Policía.

El fenómeno de la extorsión, por su parte, muestra un crecimiento aún más alarmante. Mientras que en 2018 se reportaron 1.570 denuncias, en 2024 la cifra se disparó a 22.228 casos, un aumento de más del 1.300% en apenas seis años.

La respuesta estatal ha sido tardía e insuficiente. La falta de equipos especializados, inteligencia criminal debilitada y zonas controladas por el crimen han impedido frenar esta ola. En muchos casos, las víctimas son liberadas tras pagos negociados por familiares, sin intervención efectiva de las autoridades.