El presidente Daniel Noboa encabezará una movilización el 12 de agosto en Quito, tras la suspensión parcial de 17 artículos de leyes aprobadas por la Asamblea, en un clima de creciente polarización política.

Durante la tarde, gremios como la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) y la Federación Médica Ecuatoriana se concentraron en los exteriores del IESS, en la avenida 10 de Agosto, para marchar hacia el Centro Histórico. Entre sus demandas figuran la reversión de los 5.000 despidos en el sector público registrados en julio, así como garantías para la educación, la salud y la estabilidad laboral. “Esta actitud revela el carácter autoritario del Régimen que busca imponer un entramado legal al servicio de las élites económicas y el FMI”, señaló la FEUE en un comunicado.

En un acto en Guayaquil, Noboa justificó su convocatoria: “No permitiremos que quienes se oponen al trabajo, seguridad y paz nos tiren abajo leyes aprobadas para derrotar al terrorismo, a la corrupción y a la pobreza”. Reafirmó además su compromiso con la consulta popular y el referéndum como mecanismos para “blindar la seguridad y crear empleo”. Una de las siete preguntas planteadas contempla la posibilidad de enjuiciar políticamente a jueces constitucionales, propuesta que críticos consideran una represalia directa contra la Corte.

La ministra de Gobierno, Zaira Rovira, defendió la postura oficial señalando que la Corte “se ha colocado por encima de todo” y que es necesario fijar límites. Sin embargo, juristas y académicos advierten que esta medida podría erosionar el equilibrio de poderes y abrir paso a un modelo hiperpresidencialista. La convocatoria oficialista, encabezada por el movimiento ADN, llama a sus simpatizantes a concentrarse frente a la Corte Constitucional el 12 de agosto desde las 09:00, mientras que grupos opositores preparan contramarchas y vigilias en defensa de la independencia judicial.

La polarización se profundiza. El Gobierno sostiene que sus reformas son esenciales para enfrentar al crimen organizado y garantizar la seguridad nacional, mientras que sectores críticos ven en ellas un intento de consolidar el poder y debilitar a los órganos de control. El desenlace de las próximas jornadas podría redefinir la relación entre el Ejecutivo, la Corte Constitucional y la ciudadanía, en un escenario donde las calles y las instituciones se han convertido en campos paralelos de disputa política.