Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, Trump mencionó explícitamente a Colombia al afirmar: “He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína”. Añadió que “cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está sujeto a ataques”, y aclaró que su advertencia no se refería únicamente a Venezuela.

Estas declaraciones ocurren en medio de una serie de operaciones militares recientes por parte de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, que incluían interceptaciones y ataques a embarcaciones que Washington asegura transportaban drogas. El gobierno estadounidense afirma que esas incautaciones y maniobras navales forman parte de su ofensiva contra el narcotráfico.

La advertencia de Trump generó reacciones inmediatas en América Latina. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió que las amenazas constituyen una “declaración de guerra” y defendió los esfuerzos de su país en la lucha contra el narcotráfico, además de invitar a Estados Unidos a verificar en territorio colombiano la destrucción de laboratorios de cocaína.

Organismos internacionales y defensores de derechos humanos han cuestionado la legalidad de los recientes ataques navales atribuidos al gobierno de Estados Unidos y advierten que una expansión de la ofensiva a tierra podría implicar graves riesgos humanitarios, vulneraciones al derecho internacional y violaciones de soberanía de los países implicados.

La nueva política anunciada por Estados Unidos representa un giro importante en su estrategia antidrogas, dejando de lado en gran medida mecanismos de cooperación internacional y control fronterizo, para inclinarse por una estrategia militar directa. Esta postura incrementa la tensión diplomática en la región y plantea interrogantes sobre sus consecuencias a nivel internacional.