En las primeras horas del sábado 3 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y su esposa Cilia Flores fueron “capturados y sacados del país” tras un ataque militar de gran escala en Caracas y otras zonas del país. Trump afirmó que la operación se realizó con éxito y que Maduro será llevado a Estados Unidos para responder ante cargos penales presentados por el Gobierno estadounidense.

El Gobierno venezolano, sin embargo, rechazó de inmediato las declaraciones de Estados Unidos, calificando los ataques como una “grave agresión militar” y una violación flagrante de la soberanía nacional. En un comunicado oficial, Caracas denunció que los bombardeos afectaron tanto zonas civiles como militares en la capital y en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, e instó a la comunidad internacional a condenar lo que consideró una clara violación del derecho internacional.

Ante la incertidumbre sobre el paradero de Maduro y su esposa, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió públicamente pruebas de vida y ubicación de ambos. Autoridades del país declararon estado de emergencia y convocaron a la movilización de fuerzas sociales y políticas para “defender la integridad territorial y política de la nación” frente a lo que calificaron como un intento de cambio de régimen.

La captura de Maduro marca un punto crítico en la escalada de tensiones entre Washington y Caracas, que se ha intensificado en los últimos meses en medio de acusaciones de narcoterrorismo, sanciones económicas y confrontaciones diplomáticas. La operación fue adelantada por una campaña de presión estadounidense que incluyó bloqueos de buques petroleros y ataques a presuntos objetivos vinculados al narcotráfico.

La comunidad internacional reaccionó de manera dividida: algunos gobiernos condenaron enérgicamente las acciones militares de Estados Unidos, mientras que otros exigieron respeto al orden jurídico internacional y evitar una crisis humanitaria. La situación continúa siendo altamente volátil, y el futuro político y social de Venezuela permanece en un punto de inflexión tras los hechos de este fin de semana.