La decisión fue adoptada tras la votación mayoritaria de los legisladores, quienes argumentaron presuntas irregularidades y una crisis de gobernabilidad que, según señalaron, impedían la continuidad del mandatario en el cargo. La moción de destitución se sustentó en la figura constitucional de incapacidad moral permanente, mecanismo que en los últimos años ha sido utilizado en diversos episodios de inestabilidad política en el país.

De acuerdo con lo establecido en la Constitución peruana, el cargo deberá ser asumido por el vicepresidente o, en su defecto, por el titular del Congreso, a fin de garantizar la continuidad del gobierno hasta la realización de las elecciones previstas.

Analistas políticos señalan que esta nueva destitución refleja la persistente inestabilidad institucional que ha caracterizado al Perú en los últimos años, donde la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo ha derivado en repetidos cambios de mando.

A dos meses de los comicios, el escenario político se presenta complejo e incierto, con un electorado expectante ante la reorganización del panorama electoral y el impacto que esta decisión tendrá en las campañas y alianzas partidarias.

Mientras tanto, organismos internacionales y diversos sectores sociales han hecho un llamado a preservar la democracia y la estabilidad del país en este período de transición.