El transporte público en Quito enfrenta una crisis sostenida marcada por miles de infracciones, debilidades en el control institucional y prácticas peligrosas como la “guerra del centavo”. Solo en lo que va de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) ha sancionado a 2.408 conductores por diversas faltas, en una problemática que afecta diariamente a miles de usuarios en la capital ecuatoriana y que refleja deficiencias estructurales en el sistema de movilidad.

La gravedad del problema quedó en evidencia tras un siniestro ocurrido en abril de 2026 en el sector de La Magdalena, donde un bus presuntamente irrespetó un semáforo en rojo y provocó la muerte de dos personas. Este hecho motivó el refuerzo de controles por parte de las autoridades.

Las cifras también permiten identificar a las operadoras con mayor número de infracciones. Según la AMT, cooperativas como Trasplaneta, Transporsel y Paquisha encabezan la lista, seguidas por Alborada y Vencedores de Pichincha. Estas estadísticas reflejan patrones recurrentes de incumplimiento en varias rutas de la ciudad. Sin embargo, el problema va más allá de las infracciones. Expertos en movilidad señalan que la crisis tiene raíces estructurales vinculadas a la gestión del sistema. Entre ellas se encuentran la debilidad en la formación y control de licencias, competencia relacionada con la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), y la falta de regulación efectiva sobre las condiciones laborales de los conductores.

Uno de los factores más críticos es la denominada “guerra del centavo”, un modelo en el que los choferes compiten por captar más pasajeros, ya que sus ingresos dependen directamente de la cantidad de usuarios transportados. Esta práctica incentiva conductas peligrosas como el exceso de velocidad, las paradas indebidas y la competencia entre unidades en plena vía. Además, usuarios reportan problemas cotidianos como buses que no se detienen en paradas establecidas, viajes inseguros y unidades en mal estado, lo que deteriora la calidad del servicio. A pesar de la existencia de sistemas como el Metro de Quito y los corredores municipales, el transporte convencional sigue siendo el más utilizado, lo que agrava el impacto de estas deficiencias en la población.

Aunque las autoridades municipales y nacionales han intensificado los controles y anuncian reformas, los datos de la AMT y los problemas estructurales señalados por expertos muestran que la crisis del transporte público en Quito no es coyuntural, sino un problema de fondo que requiere cambios profundos en regulación, operación y cultura vial.