La denuncia fue dada a conocer públicamente por la madre de la presunta víctima a través de un video difundido por el medio digital La Primicia EC. En el testimonio, la mujer relató que los hechos habrían ocurrido cuando la víctima era menor de edad y pidió que las autoridades actúen con transparencia y celeridad para esclarecer lo sucedido. La familia sostiene que decidió hacer público el caso debido a la necesidad de buscar justicia y evitar posibles situaciones similares dentro de espacios religiosos.

La autoridad eclesiástica explicó además que el caso fue remitido a Roma como parte de la investigación previa contemplada por la Iglesia Católica para denuncias relacionadas con presuntos abusos sexuales. Asimismo, aseguró que la institución ofreció apoyo psicológico a la presunta víctima y manifestó disposición para colaborar con las investigaciones que desarrollen las autoridades civiles. En el comunicado, la Diócesis reiteró que “la tolerancia es cero” frente a este tipo de hechos y afirmó que la Iglesia debe actuar desde la verdad y la justicia. El abogado de la presunta víctima, Bryan Tipantasig, también se pronunció públicamente sobre el caso mediante declaraciones difundidas por La Primicia EC. El jurista señaló que esperan que las investigaciones se desarrollen con imparcialidad y sin obstáculos, enfatizando que el proceso debe centrarse en garantizar los derechos de la víctima. Además, indicó que la denuncia ya fue presentada ante las autoridades competentes y que existen elementos que deberán ser analizados durante las diligencias judiciales.

Mientras tanto, habitantes de Mulaló y Tanicuchí realizaron concentraciones públicas para exigir justicia y transparencia en el caso. Según reportó Mi Zona News Latacunga Rural, varios ciudadanos se reunieron frente a espacios comunitarios y religiosos para expresar solidaridad con la familia denunciante y pedir que las investigaciones no queden en la impunidad. Los asistentes insistieron en la necesidad de proteger a niños, adolescentes y personas vulnerables dentro de instituciones educativas y religiosas.

¿Qué está en juego?

La repercusión del caso ha reactivado el debate sobre la actuación de la Iglesia Católica frente a denuncias de violencia sexual y la necesidad de fortalecer mecanismos de prevención y acompañamiento a víctimas. Organizaciones de derechos humanos sostienen que los procesos internos eclesiásticos no deben sustituir las investigaciones penales y que la transparencia institucional resulta fundamental para evitar posibles escenarios de encubrimiento. En Ecuador, los casos relacionados con presuntos abusos sexuales dentro de espacios religiosos han cobrado mayor visibilidad durante los últimos años, impulsando pedidos de reformas, controles y protocolos más estrictos. Especialistas consideran que la coordinación entre la justicia ordinaria y las investigaciones eclesiásticas será determinante para garantizar verdad, reparación y protección a las víctimas.