El Tribunal Contencioso Electoral ordenó al Ministerio del Trabajo levantar la prohibición para ejercer cargos públicos y recuperar los derechos de participación política de Augusto Verduga y Vielka Párraga, exintegrantes de la denominada “Liga Azul”, vinculada al correísmo. La disposición fue emitida por el juez electoral Patricio Maldonado, quien otorgó un plazo de tres días para que las entidades estatales actualicen la información correspondiente en sus sistemas oficiales. La medida también alcanza a Yadira Saltos, quien ya aparece habilitada nuevamente en el registro estatal.

Sin embargo, el escenario cambió meses después debido a las reformas introducidas al Código de la Democracia. Según reportes de Ecuavisa y Primicias, dichas modificaciones legales permitieron que se aplique el principio de favorabilidad, mecanismo jurídico mediante el cual una sanción puede reducirse si existe una norma posterior más beneficiosa para el sancionado. En octubre de 2025, el juez Patricio Maldonado revisó el caso y resolvió disminuir el tiempo de suspensión política de cuatro años a solo un año, decisión que modificó sustancialmente el alcance inicial de la sentencia.

Con esa reinterpretación jurídica, el tiempo de inhabilitación pasó a contarse únicamente hasta febrero de 2026, fecha en la que se consideró cumplida la sanción electoral. Por ello, el TCE dispuso que el Ministerio del Trabajo y el Consejo Nacional Electoral actualicen los registros administrativos para devolver los derechos de participación política a los exconsejeros correístas. No obstante, el juez aclaró que el levantamiento de la prohibición no elimina la destitución del cargo, sanción que continúa vigente dentro del historial administrativo y político de los involucrados. La resolución generó reacciones políticas debido a que Augusto Verduga, Vielka Párraga y Yadira Saltos podrían volver a participar en futuros procesos electorales una vez habilitados formalmente. De acuerdo con Ecuavisa, una vez actualizado el sistema del Ministerio del Trabajo, los sancionados quedarían facultados para postularse a cargos de elección popular, incluyendo las próximas elecciones seccionales y de consejeros del CPCCS previstas para finales de 2026.

¿Qué está en juego?

A pesar de recuperar sus derechos políticos, algunos integrantes de la “Liga Azul” todavía enfrentan otros procesos judiciales. Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor fueron llamados a juicio dentro del denominado “Caso Ligados”, investigación impulsada por la Fiscalía General del Estado por presunta asociación ilícita relacionada con el proceso de designación del Superintendente de Bancos. Estas causas penales son independientes de las sanciones electorales resueltas por el TCE y continúan su trámite en la justicia ordinaria. El caso de la “Liga Azul” se convirtió en uno de los precedentes más relevantes dentro de la política ecuatoriana reciente, debido a que marcó límites sobre la participación de movimientos políticos en la elección de consejeros del CPCCS. Incluso, tras la sentencia, el Consejo Nacional Electoral anunció que trabaja en nuevos mecanismos de control para futuras elecciones de este organismo, especialmente en redes sociales y propaganda política digital, con el objetivo de evitar nuevamente auspicios partidistas encubiertos. Analistas políticos consideran que esta decisión del TCE refleja cómo las reformas legales pueden modificar sanciones previamente ejecutoriadas, especialmente cuando entra en juego el principio constitucional de favorabilidad. Aunque la destitución de los exconsejeros permanece firme, la recuperación de sus derechos políticos reabre el debate sobre la influencia del correísmo en instituciones de control estatal y sobre la capacidad del sistema electoral ecuatoriano para garantizar independencia política en organismos como el CPCCS.