La resolución corresponde a la sentencia 1150-23-JP/26, emitida por la Corte Constitucional el 16 de abril de 2026, en la cual se analizó el caso de un funcionario de la Contraloría General del Estado que fue desvinculado mientras se encontraba haciendo uso de su licencia de paternidad y vacaciones destinadas al cuidado de su hija recién nacida. Según el máximo organismo de control constitucional, la institución pública vulneró derechos fundamentales como la igualdad y no discriminación, el derecho al trabajo y el derecho al cuidado familiar, al tomar decisiones administrativas que afectaron directamente al trabajador durante un periodo de protección especial.

Dentro de la sentencia, la Corte también enfatizó que el derecho al cuidado debe ser entendido como un componente esencial de la igualdad de género y de la protección integral de la niñez. Los jueces indicaron que históricamente las tareas de cuidado han recaído principalmente sobre las mujeres, por lo que impedir o castigar el ejercicio de la paternidad activa perpetúa desigualdades estructurales dentro de la sociedad y del mercado laboral. En consecuencia, el fallo busca consolidar una visión más amplia de los derechos familiares dentro del ámbito público ecuatoriano. Como medida de reparación integral, la Corte Constitucional ordenó dejar sin efecto las decisiones judiciales que habían negado la protección al funcionario y dispuso compensaciones económicas por la vulneración de derechos. Asimismo, estableció que la Contraloría General del Estado deberá implementar procesos de capacitación interna relacionados con derechos laborales, igualdad y protección de personas cuidadoras, con el objetivo de evitar que hechos similares vuelvan a repetirse dentro de la administración pública.

La decisión ha sido considerada por especialistas constitucionales y laborales como una de las más relevantes de los últimos años en materia de protección familiar y estabilidad laboral reforzada. Expertos señalan que la sentencia amplía criterios previamente desarrollados por la Corte respecto a maternidad, lactancia y discriminación laboral, incorporando ahora una protección específica para los trabajadores que ejercen licencias de paternidad. Esto podría influir en futuras decisiones judiciales tanto en el sector público como privado. El fallo además establece jurisprudencia sobre la obligación de las instituciones estatales de adoptar enfoques de derechos humanos y corresponsabilidad familiar en sus políticas internas.

La Corte sostuvo que las entidades públicas no pueden evaluar negativamente los periodos de ausencia relacionados con el cuidado familiar, ya que hacerlo implica transformar el ejercicio de derechos constitucionales en factores de sanción o exclusión laboral. Esta interpretación fortalece el principio de estabilidad laboral reforzada para trabajadores en situaciones de protección especial.

Diversos sectores sociales y organizaciones vinculadas a derechos laborales han destacado la trascendencia del fallo. Colectivos de defensa de derechos familiares consideran que la sentencia representa un avance importante en el reconocimiento de la paternidad activa y en la construcción de entornos laborales más equitativos. También sostienen que este precedente podría impulsar reformas institucionales orientadas a garantizar mayores condiciones de conciliación entre la vida laboral y familiar en Ecuador. La sentencia se produce en un contexto regional donde cada vez más cortes y organismos internacionales promueven políticas de corresponsabilidad en el cuidado infantil y protección laboral para padres y madres. En Ecuador, la decisión de la Corte Constitucional marca un precedente histórico al reconocer expresamente que despedir o afectar laboralmente a un trabajador por ejercer su licencia de paternidad constituye una forma de discriminación incompatible con la Constitución y los estándares internacionales de derechos humanos.