El Consejo de Educación Superior (CES) aprobó este 13 de julio de 2026, en sesión extraordinaria, la intervención de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas Amawtay Wasi (UAW), con seis votos a favor y cuatro abstenciones. La resolución, impulsada por el presidente del organismo, Fidel Márquez, y secundada por los consejeros Ramiro Torres y Juan Carlos Rodríguez, se adopta mientras la institución pública atraviesa una severa crisis financiera derivada de un recorte de recursos por parte del Gobierno, según informó el medio digital Primicias.
De acuerdo con el documento aprobado, los consejeros identificaron las tres causales de intervención previstas en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES): la violación o incumplimiento de normativas legales e institucionales, "la existencia de irregularidades académicas, administrativas o económico-financieras" y "la existencia de situaciones de violencia que atenten contra el normal funcionamiento" de la universidad. La intervención es, según la propia normativa, una medida cautelar y temporal orientada a garantizar la continuidad de los procesos académicos y preservar el patrimonio institucional.
La decisión, sin embargo, no fue unánime y generó reparos dentro del propio Consejo. La consejera Carmita Álvarez, quien se abstuvo, cuestionó que la documentación presentada no evidenciara con claridad la denuncia estudiantil sobre una supuesta contratación docente inadecuada, procesos eleccionarios demorados e irregularidades administrativas y financieras. En una línea similar, la consejera Ángela Calderón puso en duda que el informe de la comisión ocasional de investigación fuera "objetivo y suficiente", dada la rapidez con la que se realizaron las indagaciones.
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Las autoridades universitarias, por su parte, denuncian vicios de origen en el proceso. La vicerrectora académica de la UAW, Cristina Benavides, señaló que el CES sesionó el 26 de junio con base en una supuesta denuncia cuya firma habría sido falsificada: la presunta denunciante, una estudiante de Derecho de último semestre, afirmó a Primicias que su identidad fue suplantada y que presentó una denuncia ante la Fiscalía el 29 de junio por ese presunto delito. Según Benavides, el Consejo volvió a sesionar el 8 de julio para actuar sobre una denuncia verbal que luego fue archivada por "desistimiento" de quien la formuló.
La intervención llega luego de una asfixia presupuestaria para la universidad indígena. Según cifras difundidas por la institución y recogidas por El Diario, los recursos asignados pasaron de cerca de USD 12 millones en 2025 a USD 3,7 millones en 2026, una reducción de aproximadamente el 69 % que afecta a más de 2.200 estudiantes. Primicias reportó, además, que la planta docente pasaría de 116 a solo 13 profesores desde el 31 de julio, tras las desvinculaciones notificadas por la falta de fondos.
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La medida provocó el rechazo del movimiento indígena. El 7 de julio, el Consejo Político de la CONAIE y la Ecuarunari resolvieron por unanimidad rechazar "rotundamente la pretensión de intervención" y exigieron el respeto a la autonomía universitaria, la restitución del presupuesto y el cumplimiento de los compromisos estatales pendientes desde 2022, como la entrega del predio de Conocoto para el campus. No es la primera vez que la UAW enfrenta un proceso de este tipo: en enero de 2024, el CES ya había resuelto una intervención integral por el retraso en su proceso de institucionalización. La comunidad universitaria asegura que, pese a todo, las clases continuarán.
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