Las Fuerzas Armadas del Ecuador detuvieron a seis personas que presuntamente extraían minerales de forma ilegal en un campamento clandestino oculto entre la vegetación del cantón La Maná, provincia de Cotopaxi. El operativo, ejecutado el 12 de julio de 2026 tras varias labores de inteligencia y control en sectores donde existían denuncias de actividades mineras irregulares, reveló un dato que agrava el caso: en el sitio se encontraron sellos de clausura colocados por la Agencia de Regulación y Control Minero que, según las autoridades, habían sido violentados para continuar con la extracción al margen de la ley.

Los hallazgos en el sitio evidencian que no se trataba de una operación improvisada. En el campamento se encontraron animales de granja, provisiones de alimentos y espacios adaptados como dormitorios para quienes trabajaban en la mina, lo que demuestra que el lugar funcionaba de manera permanente y que la extracción ilegal se desarrollaba de forma organizada, incluso después de la clausura ordenada por el ente de control.

El caso de La Maná es un reflejo de un problema que se expande por distintas zonas del país. La minería ilegal destruye grandes extensiones de bosque, contamina ríos y fuentes de agua con sustancias tóxicas, provoca la pérdida de flora y fauna, y afecta directamente a las comunidades cercanas. A ello se suma el perjuicio económico: la actividad genera millonarias ganancias para grupos que operan fuera del control del Estado y evaden impuestos, en detrimento de las finanzas públicas.

Especialistas advierten, además, que la minería ilegal actúa como plataforma para otras economías criminales, como el tráfico de armas, el lavado de dinero y la delincuencia organizada. Por esa razón, las autoridades mantienen operativos permanentes en varias provincias para localizar y desmantelar campamentos clandestinos e hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho relacionado con esta actividad y colaborar con los controles.

Las Fuerzas Armadas informaron que continuarán las operaciones en zonas consideradas de alto riesgo, con el objetivo de proteger los recursos naturales y garantizar el cumplimiento de la ley. La captura de estas seis personas constituye un avance en la lucha contra la minería ilegal en el Ecuador; sin embargo, las propias autoridades reconocen que queda mucho por hacer para erradicar un delito cuya contención es, en última instancia, una apuesta por preservar la biodiversidad y el bienestar de las próximas generaciones.