El tan manido recurso del “uso legítimo de la fuerza” es el pretexto que nos lleva a analizar la actuación de las fuerzas de represión frente a la protesta social. Según las propias declaraciones de la Policía, ese es el argumento con el que intentan revestir de legalidad la criminalización de la resistencia en la comunidad Kitu-Cara asentada en San Miguel del Común y Santa Anita.

Más allá del escaso espacio cultural que hoy se les concede, deberían entender que los amos a quienes hoy cuidan las mansiones, mañana se irán. Pero ustedes —los ejecutores y verdugos del crimen de lesa humanidad que están cometiendo contra mujeres, ancianos y niños— se quedarán. No se engañen: la impunidad no es eterna. Y aun si lo fuera, la historia siempre dejará una mancha imborrable sobre quienes masacraron y vilipendiaron al pueblo que solo exige justicia ante las políticas de hambre y miseria.

Escudarse en una ley oprobiosa no los librará del juicio moral ni de la condena histórica que pesa sobre todos los represores a ultranza. El derecho internacional y las cortes de derechos humanos, tarde o temprano, los alcanzarán. No hay ser más servil ni envilecido que aquel que somete y aniquila a su propio hermano por la mísera excusa de la “obediencia debida” a un régimen de facto.

 

Hoy, roto el contrato social por la tozudez del poder, la protesta, el paro y la disidencia adquieren más legitimidad que nunca.

Gloria y victoria a los caídos, heridos y prisioneros de la libertad. A los pueblos de Otavalo, Cotacachi, Imbabura, y a los Kitu-Cara de San Miguel del Común y Santa Anita, así como a todos los pueblos originarios que resisten desde hace más de quinientos años.

¡Jallalla, pueblos libres!